Por PhD. Rosa Emilia Carrasco
El 30 de noviembre de 2025 Honduras ingresará a un punto de inflexión. No es un evento aislado, sino el desenlace lógico de un proceso histórico que el pueblo ha sostenido con disciplina, organización y dignidad. Ese día, con la frente en alto, la mayoría de hondureños (as) le otorgará a Libre un triunfo claro y contundente. Las encuestas solo registran una realidad instalada: el país despertó y no está dispuesto a reinstalar los viejos regímenes de impunidad y saqueo.
Desde 2022, el Gobierno de Libre demostró que sí era posible confrontar a los intocables, desmontar estructuras de saqueo y recuperar soberanía sobre sectores estratégicos. Por primera vez en mucho tiempo, se priorizó a los más vulnerables en medio de crisis globales y se frenó el uso del Estado como botín privado. No es casual que la población se resista a retroceder: hay resultados concretos y un proyecto que volvió a dignificar lo público.
Los datos más recientes desmontan la narrativa de los malos empresarios que intentan negar los avances. Entre 2021 y 2025, Honduras redujo la pobreza en 13.5 puntos porcentuales, pasando del 73.6% al 60.1%. En pobreza extrema, la reducción alcanzó 15.4 puntos, de 53.7% a 38.3% (INE). Estos números no son propaganda: son resultados históricos logrados en un país que vivió décadas de abandono deliberado.
En ese contexto surge Rixi Moncada: una figura que despierta confianza no por retórica, sino por carácter y coherencia. Mujer fuerte, honesta y firmemente comprometida con la justicia social, combina claridad técnica con una ética pública incuestionable. Su liderazgo recuerda la sobriedad eficiente de Claudia Sheinbaum: trabajo metódico, responsabilidad y cero concesiones al espectáculo. Rixi no promete milagros; ofrece conducción seria y soluciones reales.
UN PROYECTO QUE SE DEFIENDE EN LAS URNAS Y EN LA CALLE.
Frente a esa fortaleza, el bipartidismo recurrió nuevamente a su herramienta más vieja: el fraude. La maniobra dentro del CNE, impulsada por la consejera nacionalista Cosette López, buscaba manipular el TREP y alterar la voluntad popular. La intervención de Marlon Ochoa, con pruebas contundentes, desnudó el intento y expuso un esquema heredado del narco-Estado. Pero esta vez se enfrentan a un pueblo organizado, vigilante y decidido a defender cada acta.
En lo programático, Rixi plantea un giro profundo basado en justicia social. La eliminación de la central de riesgo no es una consigna; es liberar a miles de familias castigadas por un sistema financiero que trató la pobreza como delito. Esta medida devuelve respiro, oportunidad y capacidad de reconstrucción económica para quienes siempre fueron castigados por su condición.
La reducción de intereses a los productores complementa este enfoque. El campo, históricamente marginado por las élites, sostiene buena parte de la vida nacional. Con esta política, el país reconoce su valor estratégico y se compromete a reactivar uno de sus pilares esenciales. Apoyar al productor no es un favor: es una deuda histórica.
La Ley de Justicia Tributaria apunta al corazón del viejo modelo. Durante años, quienes más acumulan menos aportan. Rixi propone romper ese pacto de privilegios y ordenar la economía bajo principios de equidad. Es una reforma que irrita a los grupos acostumbrados a vivir del Estado, pero que beneficia al país entero.
La juventud tiene prioridad con la beca universal, por primera vez, estudiar dejará de ser un lujo o un sacrificio familiar imposible. Honduras no puede avanzar dejando atrás a su generación más numerosa. Esta apuesta garantiza futuro, movilidad social y un país con más oportunidades que expulsiones.
El programa para familias retornadas aborda otra deuda histórica. Miles de hondureños que regresaban eran recibidos con el mismo abandono que los obligó a irse. La propuesta de Rixi se basa en acompañamiento, oportunidades y reintegración digna. No es caridad: es justicia a quienes han sufrido muchos ciclos de violencia económica.
La pensión permanente para adultos mayores marca un quiebre ético. Después de toda una vida de trabajo, la vejez no puede ser sinónimo de desamparo. Este gobierno lo entendió y Rixi lo profundiza: garantizar una tercera edad digna es una obligación moral del Estado.
El principio de cero privatizaciones define una línea infranqueable, significa impedir que los mismos grupos que destruyeron empresas públicas vuelvan a convertir lo colectivo en negocio privado. La Refundación defiende lo que es del pueblo y no negociará ese mandato.
Finalmente, la transformación del sistema de justicia constituye la tarea más estratégica. Sin justicia no hay democracia ni desarrollo. Honduras necesita instituciones independientes, fuertes y libres de pactos oscuros. Rixi asume esa batalla con claridad histórica. Por eso ganará: porque encarna una Refundación que no retrocede, no se vende y no se deja intimidar. Es la llama viva del proyecto popular, y ningún intento de fraude podrá apagarla.
