Por Jorge Armando Hernández
En el marco de las propuestas de campaña rumbo al proceso electoral del próximo 30 de noviembre, hay un tema que resulta ineludible: la educación. Esta temática aparece, sin excepción, en todos los planes de gobierno, pero no siempre con la profundidad que merece. Me parece fundamental analizar qué dicen realmente los partidos políticos sobre este asunto, porque sus posturas frente al futuro de la educación develan mucho más de lo que se cree, en realidad, es una forma de evidenciar su visión de país, de desarrollo y de justicia social.
Para iniciar el análisis, es necesario reconocer que Honduras enfrenta una crisis educativa profunda. Décadas de abandono han deteriorado gravemente los indicadores del sistema educativo, ubicándonos por debajo del promedio regional. La matrícula inicial lo evidencia con claridad: entre 2014 y 2017 se mantuvo estable en torno a los dos millones de estudiantes, pero desde 2018 comenzó una caída sostenida que alcanzó su punto más crítico en 2021, con apenas 1,825,319 matriculados. Esta reducción responde al abandono histórico del sector, agravado por la pandemia y los huracanes Eta e Iota. Aunque desde 2022 se observa una leve recuperación, en 2025 la cifra continúa por debajo de los niveles previos.
Si contrastamos la matrícula con la cobertura educativa, la cual mide el porcentaje de la población en edad escolar que realmente asiste al sistema, el panorama se vuelve más revelador. Entre 2002 y 2009 ambos sexos mostraron una tendencia positiva, con las mujeres alcanzando tasas del 60–61% y los hombres entre 57–59%. Sin embargo, a partir de 2010 la cobertura cae de forma sostenida hasta tocar fondo en 2021, con un retroceso más severo en la población masculina (47.4%) frente a las mujeres (59.6%). A partir de 2022 se registra un repunte importante y para 2024 la cobertura alcanza 62.3% en mujeres y 59.5% en hombres, una señal de recuperación, pero aún frágil y desigual.
El sistema educativo hondureño, está logrando retener a un mayor porcentaje de estudiantes en edad escolar, pero sin recuperar todavía el número total de alumnos. Es decir, hay menos niños y jóvenes ingresando al sistema, aun cuando los que permanecen muestran mayor continuidad. Esto también puede responder a una mayor eficiencia en la reincorporación y retención, combinada con factores demográficos y migratorios que reducen el volumen global de matriculados. En otras palabras, estamos recuperando la proporcionalidad del acceso, pero no la cantidad de estudiantes.
Esta realidad plantea un desafío doble para la política educativa: por un lado, es indispensable recuperar la matrícula perdida, asegurando el ingreso y permanencia escolar; por otro, se debe fortalecer y ampliar la cobertura, en especial entre los hombres, donde la brecha refleja exclusión y mayor vulnerabilidad educativa. Las propuestas en materia educativa deben abordar de manera integral los desafíos del sistema. El reto es enorme: no basta con asegurar que más estudiantes ingresen, sino que ese acceso sea equitativo e igualitario para todos. Al mismo tiempo, es indispensable apostar por una mejora real de la calidad educativa, garantizando pertinencia, aprendizaje significativo y oportunidades que respondan al contexto del país. Todo lo anterior debe priorizar la formación de personas críticas, capaces de interpretar su realidad, participar activamente en la vida democrática y transformar su entorno.
Llegó el momento de analizar lo que presentan los tres partidos con mayor caudal electoral: el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación. El Partido Nacional, desarrolla una serie de enunciados atractivos y palabras políticamente rentables, deserción escolar, tecnología, becas, innovación, conectividad, pero en el fondo se percibe una propuesta fragmentada, incompleta y poco viable en términos estructurales, es un listado de buenas intenciones que no responde a la magnitud real de la crisis educativa nacional, además, si se toma en consideración que dicho partido estuvo en el poder durante 12 años, los cuales coinciden con la precarización del Sistema Educativo Nacional, eso debe despertar las alarmas.
En el caso del Partido Liberal, se evidencia una desconexión preocupante entre lo escrito en su plan de gobierno y el discurso de su candidato presidencial. Durante la presentación oficial, el aspirante minimizó la relevancia del documento al admitir que fue elaborado sin su participación directa, lo cual resta seriedad y compromiso a las propuestas. En materia educativa, el partido reduce el acceso universal y la permanencia escolar a la simple entrega de textos, como si ese fuera el eje central para resolver las brechas históricas. Mencionan también la idea de aprendizajes pertinentes, pero sin aclarar cómo se garantizará la diversidad cultural y el pluralismo del conocimiento; una omisión que preocupa, pues las políticas educativas pueden convertirse en instrumentos de exclusión en lugar de inclusión.
Asimismo, existe una insistencia en la formación para el trabajo, una apuesta válida solo si responde a las necesidades reales del país y no únicamente a los intereses de determinados sectores privados. A esto se suma una propuesta débil en infraestructura escolar, carente de apuesta firme por la inversión social. Finalmente, la ausencia de la comunidad educativa en la formulación de las estrategias resulta alarmante: no se contempla la participación de docentes, familias ni comunidades, actores imprescindibles para cualquier transformación educativa sólida y democrática.
La propuesta educativa del Partido Libertad y Refundación parte de un antecedente ineludible: la gestión de la presidenta Xiomara Castro. Su administración recibió un Sistema Educativo profundamente deteriorado, con graves problemas de gobernanza y gobernabilidad, y con alrededor de 12,500 centros educativos en abandono y sin condiciones mínimas para operar. Este escenario representó un desafío mayúsculo. La respuesta gubernamental fue una apuesta estratégica: impulsar la mayor inversión educativa en la historia reciente interviniendo cerca de 6,500 centros educativos, se apostó por recuperar la institucionalidad del sector, avanzar en la restitución progresiva de los derechos laborales del magisterio y ejecutar acciones que, a nivel internacional, han sido reconocidas por contribuir a mejorar los indicadores de matrícula y cobertura, especialmente a través de programas como Matrícula Gratis y Merienda Escolar.
En este sentido, las propuestas educativas del Partido Libre buscan dar continuidad y mayor profundidad a las acciones iniciadas durante la administración de la presidenta Castro. La apuesta educativa que presenta la candidata Rixi Moncada parte de un diagnóstico acertado: el sistema educativo hondureño arrastra décadas de rezago, con un currículo desactualizado, infraestructura en deterioro y una educación técnica desvinculada del desarrollo productivo. A diferencia de otros planes, este reconoce con mayor claridad la dimensión estructural del problema y propone avanzar hacia un modelo educativo con enfoque humanista, cultural y territorialmente pertinente.
No obstante, el mayor desafío será la ejecución. Una reforma de esta magnitud requiere dirección estratégica, articulación entre todos los niveles del sistema, participación social amplia y una inversión sostenida que respalde el cambio. Transformar el currículo no puede ser únicamente una declaración política: necesita una hoja de ruta clara, metas alcanzables y un compromiso real de transformación educativa. Sin un plan operativo sólido, el riesgo es que una visión prometedora se quede solo en papel.
En conclusión, de los tres partidos políticos en contienda, la única propuesta educativa que se presenta con una estructura formal, coherente y alineada a las necesidades urgentes del país es la del Partido Libre. Este no es un hecho fortuito. La candidatura de una maestra de profesión marca una diferencia sustantiva: Rixi Moncada no habla de la educación desde la superficie, sino desde la vivencia. Su paso por distintos niveles del Sistema Educativo Nacional, desde la educación básica hasta la docencia universitaria, le otorga una perspectiva amplia, que reconoce las complejidades pedagógicas, la precariedad institucional y la urgencia de una reforma el curricular integral.
Su propuesta, más que una promesa electoral, se sostiene en un conocimiento directo de las raíces del problema y en una visión educativa que trasciende la lógica utilitarista y tecnocrática. Apuesta por un sistema humanista, culturalmente significativo, territorialmente pertinente y articulado con un proyecto de país. No obstante, esa fortaleza conceptual implica un desafío igualmente grande: convertir la visión en realidad. Significa planificar, presupuestar, convocar a la comunidad educativa, escuchar al magisterio, formar docentes, garantizar transparencia y sostener el proceso en el largo plazo. Ninguna reforma profunda se construye con decretos, discursos o buenas intenciones: se construye con voluntad política, con técnica, con Estado.
Y allí se ubica el punto crítico. El electorado no solo decidirá quién gobernará, sino el rumbo educativo de toda una generación. La educación no puede seguir tratándose como un eslogan de campaña ni como un inventario de promesas sueltas: debe asumirse como un proyecto de Estado. El pueblo tiene el derecho y la responsabilidad históricae de exigir propuestas capaces de combatir la deserción, ampliar la cobertura, recuperar la matrícula perdida y devolver dignidad a las escuelas. La continuidad del proyecto político liderado por Rixi Moncada, es el único que ofrece garantías reales de avanzar en esa dirección.
Como advirtió Paulo Freire, “sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica”. Una educación liberadora no se concede: se construye, se protege y se elige. Hoy, esa responsabilidad recae en el pueblo hondureño.
