Por PhD. Rosa Emilia Carrasco
En los últimos días hemos visto escenas que revelan, con toda claridad, una profunda incomprensión de lo que significa la independencia y la dignidad nacional. Cuando figuras políticas viajan al extranjero no para dialogar como iguales, sino para suplicar respaldo contra la voluntad de su propio pueblo, estamos ante un acto que contradice los principios democráticos más básicos. Ninguna nación puede avanzar si algunos de sus líderes siguen creyendo que la legitimidad se pide afuera y no se construye adentro.
Lo ocurrido evidencia también una vieja práctica que América Latina conoce bien: ciertos grupos políticos y empresariales, cuando no logran ganar con propuestas, intentan obtener apoyo en pasillos internacionales para cambiar la correlación de fuerzas internas. Lo hacen movidos por el miedo a perder privilegios, no por amor a la democracia. Y ese comportamiento habla más de ellos que de las instituciones que dicen defender.
Resulta preocupante ver a quienes han sido parte de estructuras históricas del poder en Honduras actuar con docilidad ante actores extranjeros. La democracia exige autonomía, debate interno y respeto al voto popular. Cuando alguien renuncia a esos principios, su mensaje no solo es de debilidad política, sino también de desconocimiento sobre lo que la soberanía significa para un país que ha sufrido en carne propia las presiones externas.
Pero no se trata solo de un viaje desafortunado. Forma parte de una estrategia de sectores políticos, empresariales y mediáticos que ven en el avance de un proyecto popular una amenaza a intereses particulares. Han recurrido a campañas de miedo, manipulación religiosa, ataques a instituciones públicas y a la difusión de encuestas sesgadas para alterar la percepción ciudadana. Es una táctica conocida: cuando se agotan los argumentos, se recurre a la distorsión.
El papel asumido por algunas cúpulas empresariales también debe analizarse con cuidado. Es legítimo que participen en la vida pública, pero no lo es que actúen como conductores de una ofensiva política que insiste en imponer candidatos o en presionar a las instituciones del Estado. Una democracia madura necesita un sector privado responsable, no uno que confunda sus intereses con los del país.
De igual manera, preocupa que parte del liderazgo religioso se utilice para influir políticamente, pretendiendo hablar en nombre de una voluntad divina que, casualmente, coincide siempre con los deseos de ciertos grupos económicos y partidarios. La fe jamás debe convertirse en herramienta de manipulación electoral. La separación entre religión y Estado es un pilar que protege la diversidad y garantiza la libertad de creencias.
“Cuando los poderes fácticos se quitan la máscara”
En medio de esta estrategia, los ataques dirigidos a las Fuerzas Armadas revelan otro objetivo: presionarlas para que abandonen su papel institucional y retomen prácticas que la región ha trabajado por superar desde hace décadas. Un ejército profesional, subordinado al mando civil y a la Constitución, no puede ser tratado como actor de un conflicto partidario. Eso sería un retroceso peligroso para cualquier nación.
Algo similar ocurre con las agresiones contra el Ministerio Público y los organismos electorales. Quieren desacreditarlos para justificar narrativas de fraude inexistente, mientras ignoran los señalamientos comprobados hacia quienes sí han intentado manipular el proceso. Defender la legalidad implica investigar a todos, no solo a quienes conviene. La justicia debe estar del lado de la verdad, no del cálculo electoral.
También se ha buscado apoyo internacional para instalar la idea de que el país avanza hacia un proyecto autoritario o comunista, tergiversando la realidad y repitiendo discursos de la Guerra Fría que ya no tienen sentido. El verdadero autoritarismo proviene de quienes intentan decidir desde fuera quién debe gobernar o de quienes pretenden presionar al pueblo mediante el miedo. La soberanía implica decidir sin tutelajes.
Todo este panorama muestra el desafío central de este proceso electoral: distinguir entre quienes están dispuestos a llevar al país hacia el futuro y quienes quieren regresarlo al pasado. No es solo una disputa electoral. Es una elección entre continuar fortaleciendo las instituciones democráticas o permitir que vuelvan quienes usan la política como instrumento de intereses particulares.
Pero también es el momento para que la ciudadanía reflexione con serenidad. ¿Quién ofrece esperanza y no miedo? ¿Quién entiende que la justicia social no es un eslogan, sino una obligación del Estado? ¿Quién respeta la libertad de elegir y el pluralismo? ¿Quién concibe el servicio público como un compromiso con la gente y no como un negocio familiar o partidario?
Las y los hondureños tienen frente a sí la oportunidad de evitar que la manipulación mediática, religiosa o empresarial determine el destino del país. La democracia se defiende con participación, con información veraz y con convicción. El voto libre es el instrumento más poderoso para frenar retrocesos y para garantizar que los avances logrados no sean arrebatados por quienes nunca han creído en el bien común.
Al final, la gran pregunta es simple: ¿quién representará a Honduras con dignidad ante el mundo? No se trata de discursos grandilocuentes ni de gestos teatrales en oficinas extranjeras. Se trata de quién puede mirar de frente a la ciudadanía, escucharla y gobernar con responsabilidad. Ese es el liderazgo que construye nación, el liderazgo que América Latina necesita y que el pueblo hondureño sabrá reconocer.
